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Por Santiago Rivadeneira Aguirre

Crimen y fracaso del Estado

En la confesión pública de Patricio Carrillo y los mensajes hipócritas de Lasso (¿hay que seguir refiriéndose a este personaje como presidente de la república aunque haya deshonrado muchas veces el puesto?) están las falsedades del mea culpa y de la ‘reconciliación nacional’ que el gobierno del encuentro prometió hace año y medio. Es la libidinización del ejercicio del poder que se manifiesta con gestos de odio indiferenciado.

El inefable ministro del interior Carrillo, convertido a estas horas en una vergüenza nacional, le dijo al país que si el encargado de la garita de la Escuela Superior de Policía, impedía la entrada a María Belén Bernal Otavalo, ‘nada de esto habría pasado’. Bajo esa misma lógica, podemos suponer que si a él no se le nombraba para el cargo, tampoco ocurría nada, y así, hasta la misma elección de Lasso. Enseguida, este funcionario complementa semejante embuste, con una postrimera declaración: “Para nosotros fue una desaparición involuntaria con resolución de muerte”. El ex jerarca de la policía habló desde el poder, desde la prepotencia, desde el desparpajo: culpó a la víctima y culpó a las reacciones de los ciudadanos. Y lo otro: detrás de este hecho doloroso y de los demás excesos cometidos por el poder, está el gobierno y están sus instituciones, más allá del móvil del crimen que resulta ser igualmente político.

Establecida la cadena de ‘responsabilidades’, otro ministro, igual de estúpido y procaz, encargado por el banquero de la secretaría de Seguridad pública y del Estado, culpó a los movimientos feministas de la ‘violencia impredecible’ que puede amenazar la estabilidad democrática. Esa violencia impredecible, anticipada por el gobierno, lo que busca es la obediencia acrítica al orden jurídico establecido. Es decir, lo que acaban de proponerle a la ciudadanía, es la violencia legítima –la del Estado– versus la violencia irracional de las protestas y reclamos que surgen en el interior de la sociedad, sin que importen las causas.

Cualquier forma de dominación (la violencia institucionalizada) está ligada a la consabida fórmula jurídico-política, que busca preservar la integridad del Estado con el uso de la fuerza. La violencia de género y la violencia política, están enquistadas en la idea y el pensamiento de una Ley reaccionaria, que reprime cualquier intento de contravenir el orden establecido. Para preservar y defender la institucionalidad de la Policía Nacional, el gobierno, acaba de urdir una trama de violencia para ocultar la violencia.

¿María Belén Bernal es una víctima intencional o es una víctima contingente? Porque lo mismo se puede aplicar a quienes fueron víctimas del terror estatal en octubre de 2019 y junio de 2022. O en cualquier otra circunstancia, siempre por falta de seguridad: ciudadanos, mujeres y hombres, que son víctimas de violencia a la salida de un banco, en el interior de los hogares, en las calles, los buses, los parques ¿son víctimas intencionales o contingentes? Cuando la Policía detiene al joven Jimmy Ocles y lo somete a toda clase de torturas porque lo ‘confundió’ con un delincuente por ser afroecuatoriano. Cuando policías secuestran y hacen desparecer a las víctimas, como el caso de los hermanos Restrepo ocurrido hace 34 años. Cuando algunos policías reciben y promueven las coimas o se involucran en actos ilícitos con el narcotráfico, el tráfico de armas en las cárceles, etc. De los narco generales y de los enriquecimientos injustificados, hasta ahora nada dice la Fiscalía.

El país vive una violencia diaria e indiscriminada en todos los niveles: contra las mujeres que trabajan, contra los niños de la calle, contra los trabajadores marginales a quienes la policía municipal les quita sus pertenencias; contra los desocupados que hacen malabares en las esquinas, contra los ancianos jubilados que hacen largas filas en el Seguro Social para pedir medicinas; contra los homosexuales, contra los discapacitados.

Una parte de la sociedad ecuatoriana entra en una suerte de ‘conformismo nacional’, casi como un letargo insuflado por el poder, entonces el gobierno del banquero decide lanzar la consulta popular para preguntarle al país cosas insustanciales, como parte de la catarsis que se alimenta de mentiras, de la culpa individual y colectiva.

Lasso todavía conserva parte de ese rasgo de cortedad social y política que solo ha servido para disimular su ineptitud y su incapacidad. Ese miasma también es el hedor del fracaso de los banqueros y empresarios que han saqueado el erario nacional, que han violentado la constitución y las leyes, es el odio furioso que empuja al Ecuador y sus instituciones al caos, en tanto soporte que pretende legitimar ese dominio, pero como rasgo monstruoso del fracaso presidencial.

Lasso todavía conserva parte de ese rasgo de cortedad social y política que solo ha servido para disimular su ineptitud y su incapacidad. Ese miasma también es el hedor del fracaso de los banqueros y empresarios que han saqueado el erario nacional, que han violentado la constitución y las leyes, es el odio furioso que empuja al Ecuador y sus instituciones al caos, en tanto soporte que pretende legitimar ese dominio, pero como rasgo monstruoso del fracaso presidencial.

El feminicidio de la abogada María Belén Bernal en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, es un crimen político, que ya no puede entenderse desde la lógica abusiva de la autoridad, menos desde la coartada moral que intentó posicionar el gobierno, con la presunción inicial que podría tratarse de un hecho pasional. Es la gazmoñería oficial que ahora toma forma de ‘lucha doctrinaria’ para defender la institucionalidad de la Policía. Por eso, el asesinato de María Belén, además, es un crimen de Estado, cuando el agresor e implicado (el teniente instructor Germán Cáceres del Salto, esposo de la víctima) fue convenientemente adoctrinado por una institución creada para la represión que termina siendo cómplice del machismo y la misoginia. ¿El probable asesino actuó solo? ¿Está detrás el mentado ‘espíritu de cuerpo’? Los entretelones del feminicidio que se conocen hasta ahora son repugnantes.

Envuelto en fantasías sucias el ministro Carrillo alucina y miente y tergiversa. Lo evidente: el poder rompe y destruye los lazos sociales que tienen que ver con la solidaridad y la defensa de los derechos humanos; entonces acusa y señala a quienes estuvieron en la manifestación del día miércoles en la explanada del Ministerio de agricultura. Esa tarde, un piquete de policías mujeres bien maquilladas, se apostaron en el lugar para dar un mensaje subliminal: ‘somos el rostro humano y femenino de la institución’. Antes, se nombra a una mujer como responsable de la dirección de la Escuela Superior de Policía. Bajo esa estrategia pastoral y obscena, el poder enseguida articula el discurso de la benevolencia, la conmiseración y del lloriqueo del ‘perdón de rodillas’ del penitente de Carrillo.

Crisis de derechos humanos, dice la exsecretaria de derechos humanos de este gobierno, Bernarda Ordóñez. En rigor, son indiscutibles las ¿fallas? del sistema de seguridad y de las políticas de derechos humanos, frente a los excesos del poder cometidos, en el caso de María Belén, dentro de la concepción jurídica formal del Estado. ¿Acaso no fueron brutalmente reprimidas por la Policía las mujeres que macharon pacíficamente el 8 de marzo de este año por las calles de Quito? El reclamo justo y necesario de la sociedad por el asesinato de María Belén, cometido por un miserable funcionario policial en servicio activo en el interior de la Escuela de Policía, no puede volver a repetirse y no puede quedar en la impunidad. Es lo que reclaman y exigen con vehemencia la madre de la víctima Elizabeth Otavalo y la sociedad.

El habilidoso de Carrillo quiso construir su propia verdad –repetida en las Naciones Unidas por el menguado de Lasso– presentándose ante la opinión pública y los medios de comunicación, como si él mismo fuera el reflejo de la institucionalidad agredida. En su rol de redentor se arrepiente y pide perdón. Dice que cargará sobre sus espaldas los ‘errores y excesos’ de sus excompañeros, pero no se va. Se arrepiente pero recalca que la Policía hizo su trabajo. Ahora Carrillo es el ministro bisagra entre el arrepentimiento del gobierno y la acusación por los actos de ‘vandalismo’ contra las instalaciones de la policía, la noche del miércoles 21 de septiembre. Es la absolutización del bien y del mal: nuevamente los buenos policías contra los malos ciudadanos.

El ‘portero de noche’, el guardia de la garita de acceso al recinto policial se convierte, de manera inexorable, en la sombría metáfora del poder, de un Estado y un gobierno incapaces de brindarles seguridades mínimas a los ciudadanos, porque están más preocupados de crear las condiciones para favorecer los grandes negociados de sus colaboradores corruptos. La seguridad que reclama la ciudadanía, tiene que ver con la salud, la educación de calidad, empleo y recursos para la inversión pública. No es un problema de ‘eficacia técnica’ solamente, sino una necesidad sustancialmente democrática. Ni Lasso ni Carrillo ni Ordoñez entienden algo de justicia social, porque sus sibilinas y peligrosas actuaciones en la administración del gobierno, son la proliferación hasta la náusea de lo peor de la política ecuatoriana.


Y una pregunta final para quienes están en las mesas de negociación de la Conferencia Episcopal: ¿se puede seguir dialogando con un gobierno criminal y fascistoide?